Politicas sociales, ni politicas ni sociales

Que la esperanza de vida es cada vez mayor es un dato objetivo y una frase muy fría, heladora viendo lo que lleva aparejado.
El día a día nos demuestra que nuestros mayores, en un momento u otro y cada cual en su medida, dependientes, no tienen sus necesidades cubiertas como se merecen. Personas que han trabajado desde edades tempranas y que han luchado por construir una sociedad justa y solidaria para todos y todas.


Llegado el momento de dependencia, son las familias quienes única y exclusivamente deben asumir sus cuidados, siendo en muchos casos situaciones imposibles, lo que supone que estas personas dependientes no estén bien atendidas. Pero no culpemos a las familias, porque si lo hacemos estamos siendo muy injustos, y no responsabilizando a quien verdaderamente tiene en su mano dar a nuestros mayores los cuidados que se merecen.

Las ayudas sociales, tanto económicas como humanas, para la atención a personas mayores, son una larga travesía. El trámite para acceder a ellas es una carrera de obstáculos: citas con los servicios sociales, trámites burocráticos, respuestas demoradas en el tiempo y resoluciones basadas en la valoración que hace una profesional tras 15 minutos de entrevista, lo cual hace imposible conocer las necesidades reales de estas personas. Los trámites llegan a 1 año de demora, habiendo datos oficiales que demuestran que hay un porcentaje muy importante de personas que fallecen antes de que se les adjudique una plaza de residencia.

Una vez más, tanto los gobiernos autonómicos, como las administraciones forales y locales, han decidido hacer dejación de sus obligaciones, como es tener unos servicios geriátricos de calidad y públicos. Han dejado en manos privadas la gestión de las residencias de mayores.

Estas empresas privadas han montado las residencias porque han visto un gran mercado. Sí, tristemente es un mercado con ánimo de lucro, es decir, para engordar sus carteras. Para mejorar sus ganancias, las plantillas son insuficientes, con polivalencia del personal, mayoritariamente femenino, lo cual no es una casualidad. La polivalencia va desde la limpieza de las instalaciones y el planchado y lavado de ropa, hasta la asistencia geriátrica. Objetivo: engrosar sus arcas.

Para lavar su imagen, las diputaciones hacen conciertos con las residencias privadas para tener un determinado número de camas que adjudicar desde sus servicios sociales. Estos conciertos cubren un mínimo del número de plazas que se necesitan. Además, en muchos casos los usuarios son alejados de su entorno habitual, con el trastorno que eso conlleva tanto para ellos y ellas como para la familia. Por si esto fuera poco, el usuario que consigue acceder a una plaza pública debe aportar más del 90% de su pensión mensual y demostrar que no tiene capital desde los dos años anteriores a su solicitud.

Las diputaciones venden a bombo y platillo que ofertan a las familias 15 días de estancia en una residencia para que se tomen un descanso. ¿Alguien puede creerse que 15 días son la solución para los y las cuidadores? El año tiene 365 días y el día 24 horas. Si no fuera algo tan serio, podríamos pensar que es una broma.

En el mes de julio, el Gobierno Vasco actualizó la regulación de los centros residenciales para mayores: otra gran mentira. Es un decreto que habla de metros o de cómo deben ser las habitaciones, pero se olvida de la calidad asistencial y de las necesidades reales de plantilla. No les importa que 17 personas dependientes sean atendidas por dos auxiliares en el turno de tarde, dos en el turno de mañana y una en el de noche.

Han dejado en manos de empresas privadas la gestión de la calidad de la atención de nuestros mayores. Empresas a las que poco les importan nuestros mayores y las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

Las diputaciones tienen presupuesto y capacidad de gestión para que las residencias sean públicas y de calidad, no nos dejemos engañar. La privatización de servicios, está demostrado, solo supone el deterioro de la calidad de los servicios y de las condiciones de las trabajadoras y trabajadores.

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