Un artículo del proyecto Aroztegia clica la parte navarra de mi lóbulo temporal. El cerebro se torna caprichoso aún cuando leo a médicos o científicos afirmando que todo tiene un porqué. El hemisferio derecho por contra me advierte de que no se vislumbra una solución racional.

Lo que debiera haber sido una cuestión Baztandarra lo dejó de ser, para desgracia de sus vecinos y vecinas y regocijo de UPNPPC´sVoxPSN, así todo junto. Si lo elevamos al resto del herrialde la dimensión de lo que hay y de lo que podría venir es más que preocupante.

Al norte del Ebro será Nafarroa sinónimo de avance o retroceso, es ella la que da sentido al concepto de Euskal Herria, vertebra cultural y políticamente nuestro pueblo a pesar de lo que digan las Mendias o los Urkullus.

Los factores que articulen y afiancen lo ocurrido cuatro años atrás, no solo se dirimirán en términos partidistas o institucionales. Los avances en torno a la memoria histórica, la posible superación del actual marco competencial, la reciente aprobación in extremis de la ley sobre el mapa local o la propuesta del nuevo proyecto de ley foral, chocan con planes económicos y sociales de patente navarra y empuje jeltzale.

El modelo del cambio comenzó a crujir y se percibe la necesidad de llegar con este ciclo institucional completado a la próxima cita electoral.

La derecha afila cuchillos velando el supuesto cadáver de un gobierno con muchas carencias, duelo de egos podemitas “Orain bai, gero ez”, contradicciones más que evidentes en lo que se refiere al modelo productivo y social y con un TAV al que tanto los Aierdis como las Tapias no están dispuestas a renunciar.

La traslación de estos problemas a Iruña toman la imagen de una complicada gestión municipal, que nos ha mostrado un casco viejo ocupado y unos meritorios pero débiles acuerdos locales que ante la inminente cita con las urnas muestran sus topes.

Con tanta pirueta política a un lado y otro de Ziordi, pasa desapercibido uno de los problemas de fondo que nos toca afrontar en este nuevo ciclo, y que nuestras élites políticas y económicas pretenden solapar.

Más allá de avanzar de cómo nos queramos constituir jurídica y políticamente en un futuro, está en juego el modelo de país que queremos construir.

Si nos damos cuenta las propuestas alternativas a lo establecido no tienen cabida en la lógica productiva neoliberal, y aquellas que pese a todos los obstáculos salen adelante demostrando su viabilidad, son negadas, aisladas e incluso reprimidas.

Proyectos sociales de carácter laboral, cultural o medioambiental, planes de cara al emponderamiento de jóvenes y estudiantes, propuestas para un engarce territorial alternativo, llamamientos para crear un marco de relaciones laborales propio que no mercantilice los derechos de los y las trabajadoras, iniciativas para construir un tejido productivo sostenible, no elitista y acorde con las características de nuestro pueblo, demandas que rayan más con la sensatez que con cualquier dato técnico o económico como la de los actuales y futuros pensionistas, reivindicaciones para dar un giro de 180 grados en una percepción de la vida como personas y no como hombres y consortes y otro largo etcétera.

Ante ello en el modelo de los actuales gestores la legitimidad se asienta principalmente sobre las instituciones y no sobre la sociedad civil, negando toda transversalidad política y social a los y las ciudadanas vascas en proyectos estratégicos que les afectan de manera directa.

¿Acaso un votante del PSE no puede posicionarse en contra del proyecto de alta velocidad?, ¿No puede un simpatizante jeltzale pedir la paralización de las obras de la incineradora y la apertura de un debate sobre el modelo más adecuado para la gestión de los residuos?

No nos engañemos, la gestión vasca se realiza en torno a los parámetros que marca Madrid y si existen algunas diferencias se deben no tanto a la pericia de los gestores como a la diferente correlación de fuerzas con respecto al estado.

Más que nunca en la actualidad se impone “la política contra” y no “la política para”, la españolización de las relaciones entre diferentes sensibilidades no es una buena receta ante el ya de por sí maltrecho panorama vasco.

El ritmo esquizofrénico al que nos están habituando quizá produzca alternancia, pero nunca un cambio, y visto el patio estatal, de haber otro cambio de inquilino en Moncloa la mordaza y la porra están servidas.

Los dejes tóxicos se propagan rápidamente y las idas y venidas de los presupuestos en la CAV muestran bien a las claras cuales son las prioridades del ejecutivo vasco y sus aliados preferentes.

Apartando cualquier demagogia, la aprobación de la subida de sueldos a los gobernantes no hace sino aumentar la brecha entre la clase política sistematizada y una gran parte de los y las trabajadoras.

El problema no radica en si cobran más o si lo merecen o no, se basa en que al contrario de ellos otra parte de la sociedad no solo no aumenta su poder adquisitivo hasta niveles dignos, sino que es consciente de que su precarización salarial no variara en un futuro.

Suena a Perogrullo que voten en contra de los 1080 euros o sean incapaces de llegar a acuerdos sobre una subida que revierta la situación de precariedad para los y las pensionistas que menos cobran, y meses después ya en campaña preelectoral no tengan reparo en aprobar medidas como esta última.

Cobran más por solucionar los problemas de aquellos que no los tienen, aumentando la brecha entre estos y los que verdaderamente lo necesitan. Las reglas de juego deben de  partir de la realidad, debatirse con pluralidad, gestionarse con transparencia y aplicarse con proporcionalidad, intentando reducir la distancia entre los que más y menos tienen.

En este ánimo diferenciador jeltzale tampoco entra la política de buenas prácticas o la lucha anticorrupción y el fraude.

Las redes clientelares apartadas convenientemente del ojo público durante décadas de dura confrontación, asoman tímidamente con Bidegi, Karrantza, De Miguel o Pinosolo, poniendo de manifiesto de que más allá de la pura ostentación la gestión vasca dista mucho de ser un oasis.

La persistente negativa a crear una oficina anticorrupción o los irrisorios medios técnicos y humanos para poder perseguir esta lacra son buena muestra de ello. En palabras de Ahoztar Zelaieta no llegarían a la veintena los efectivos de la ertzaina para investigar posibles tramas corruptas.

Recientemente las diputaciones de Araba y Bizkaia gestionadas por el PNV, han bloqueado el trámite para crear una oficina de buenas prácticas y anticorrupción mediante recursos presentados ante la comisión arbitral. Con esta manera de entender y hacer política no queda margen para sacar pecho.

El escribir un sencillo artículo de opinión se puede complicar en un panorama donde el éxito o el fracaso de un proyecto lo marca el siguiente fin de semana.

Desde el juicio político contra el derecho democrático del pueblo catalán a decidir su futuro, hasta el anuncio trampa de elecciones generales. Todo ciclo da paso a otro, en Madrid, Euskal Herria o Catalunya. El 1-O apalearon la democracia, el 21-D la intentaron subvertir y en este 2019 pretenden rematarla.

Los  representantes catalanes proclamaron el DUI aún siendo conscientes de la improbable posibilidad de poder aplicarlo, tras meses de deriva unionista y después del último consejo de ministros Pedro Sánchez ha declarado el DOI (Declaración Oficial de Involución). Suma y sigue.