¿Quién dijo crisis?

Oir las declaraciones de algunos cargos políticos y pensar que no son de este mundo, es todo uno. La actual Consejera de Justicia y Política Social, candidata del PNV a la alcaldía de Gasteiz, la Sra. Artolazabal, nos deleitó con unas  declaraciones que no le hicieron ruborizarse: “600€ al mes garantizan una vida digna”. Es de suponer que hace estas declaraciones porque es con lo que ella vive tan dignamente.


Por si esto no fuera suficiente, hace unos pocos días, el portavoz del Gobierno PNV-PSE
consideraba que “la forma más eficaz y eficiente de atender a las familias en situación de
vulnerabilidad es a través de la Cruz Roja”. Y para rizar el rizo, una presentadora de la
televisión pública vasca, en vez de relacionar las altas temperaturas con el cambio climático y la precariedad de las personas sin recursos, suelta sin rubor alguno que se trata de “calor que agradecerán las personas que viven en la calle”.

Mientras hacen estas afirmaciones grandilocuentes, los beneficios empresariales se
disparan en los primeros meses de 2022. El Banco Santander gana un 25% más, Iberdrola un 29% más, Kutxabank un 42% más. Mientras tanto, el Sr. Aspiazu, Consejero de Economía y Hacienda del gobierno PNV-PSE, pide subidas salariales moderadas para los trabajadores y trabajadoras.

En el proyecto de presupuestos para 2023, los departamentos de Salud y Educación pierden peso. Pilares de una sociedad, que parece que no son prioridades para el gobierno PNV-PSE. La realidad para quienes vivimos en este mundo, es otra. Diversos sectores reivindicando negociar sus convenios: metal, trabajadoras de residencias, las trabajadoras del servicio Beti On, las de la ayuda a domicilio y un largo etc de trabajadores y trabajadoras de diversas empresas. También están los jóvenes cuyos contratos, si es que los tienen, son la precariedad con letras mayúsculas.

Cada vez son más las familias que no llegan a fin de mes, que no pueden hacer frente a los pagos de la luz, que no pueden ni pensar en encender la calefacción, que son
desahuciados porque esos bancos que tantos beneficios tienen, les ahogan con la subida
de los préstamos. En 2021 más de 2000 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia en Euskadi. En Gasteiz a una Sra. de 104 años, a la cual se le ha reconocido el derecho a una residencia comunitaria, le niegan una residencia pública porque está en el puesto 169 de la lista de espera y le dan un listado de residencias privadas. La privatización es su objetivo, importando muy poco las necesidades de las personas que ellos y ellas llaman los más vulnerables.

Es muy fácil sacar conclusiones, PNV y PSE están llevando a esta sociedad a la pobreza, a la precariedad, al recorte de derechos básicos, y no tienen intención de dejar de hacerlo. En nuestra mano está poner freno a estos atropellos.