Juan Jose Larrinaga, Fernan Irakulis, Ernesto Alberdi, Jon Urrutia, Juan Luis Irakulis, Roberto Zabala y Agustin Gisasola fueron detenidos, incomunicados y torturados durante días por la Guardia Civil. Tras un proceso judicial que duró nada menos que 20 años, consiguieron que sus torturadores fueran “condenados” a varios meses de arresto mayor y cuatro años de suspensión de empleo.

“Se entenderá por el término ‘tortura’, todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa o a otras personas, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público, a instancia suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

En las últimas décadas, la tortura y malos tratos han formado parte del conflicto político. Principalmente bajo el régimen de incomunicación de la legislación antiterrorista, así como más recientemente, con personas inmigrantes en dependencias policiales.

Durante todos estos años, las víctimas de tortura no han tenido un reconocimiento social ni jurídico efectivo, ni se ha llevado a cabo una política de reconocimiento o reparación adecuada.

Las recomendaciones o medidas de prevención planteadas por numerosos organismos de derechos humanos internacionales, han sido censuradas o ignoradas, mientras sucesivos casos han ido llegando al Tribunal Europeo de DDHH, donde se han dado sentencias condenatorias contra España, por la NO investigación de esos casos.

A duras penas se han ido abriendo camino las continuas denuncias por torturas, y solo algunas han terminado años después, con sentencias judiciales firmes. En la actualidad existe la constatación de cerca de 5.500 denuncias públicas, judiciales y extrajudiciales, entre 1960 y 2013.

Zornotza no ha sido una excepción

La tortura también ha sacudido nuestro pueblo. Decenas de nuestras vecinas y vecinos han pasado por ese calvario durante los últimos 50 años. Llevados de sus casas, lugares de trabajo o en plena calle, han sido incomunicados, torturados y encarcelados, afrontando en muchos casos décadas de condenas en prisión.

Es el caso de  siete vecinos de Zornotza, tras ser detenidos a finales de 1980 y torturados durante varios días. Denunciaron haber sido objeto de torturas por parte de la Guardia Civil.

Por ello fueron acusados nueve guardias civiles en un proceso que terminó, 20 años más tarde, con sentencias condenatorias para todos los acusados. Varios meses de arresto mayor y cuatro años de suspensión de empleo fueron las penas impuestas para los torturadores procesados.

Bien diferentes fueron las consecuencias para los torturados: Juan Jose Larrinaga, Fernan Irakulis, Ernesto Alberdi, Jon Urrutia, Juan Luis Irakulis, Roberto Zabala y Agustin Gisasola, entre todos han sumado más de 70 años de prisión, precisamente por declaraciones arrancadas bajo torturas.

Sus testimonios nos retrotraen a un tiempo no tan lejano, a pesar de los esfuerzos de algunos por negar, ocultar o silenciar esta realidad. “Oso latza izan da” fueron las últimas palabras de un Joxe Arregi agonizante, tras brutales sesiones de tortura en Madrid.

Antes y después la tortura ha seguido presente entre nosotros, pero también antes y ahora, la práctica de la tortura ha unido voluntades para denunciarla, combatirla e intentar erradicarla de una vez por todas.

Por ello llevamos a cabo el pasado año la iniciativa ‘Torturaren aurpegiak, berriro inoiz ez’. Por ello queremos que sus voces sean escuchadas este año. Mujeres y hombres, vecinas y vecinos nuestros, que durante años han sido apartados del relato oficial y su maloliente suelo ético.